En lo que se refiere a la actividad económica del Estado (estatización y nacionalización). El principio ideológico era que los servicios públicos esenciales debían estar en manos del Estado, ya que éste era el organismo representativo de la sociedad, es decir, de todas las clases sociales, y estaba por encima de sus disputas; el Estado debía intervenir allí, donde el capital privado fuera indeciso o temiera perder dinero, porque no estaba guiado por el afán de lucro sino de servicio público; el Estado debía sustituir a las empresas extranjeras que se llevaban la ganancia fuera de fronteras debilitando así el país.
Fue así que se produjo la estatización del Banco de la República Oriental del Uruguay, 1911 y 1913, la del Banco Hipotecario del Uruguay, en 1912, y la de los seguros, que pasaron de manos privadas a manos estatales con la creación en 1911 del Banco de Seguros del Estado. Se creó a su vez, en 1915 la Administración de Ferrocarriles del Estado y se produjo la secularización de actos públicos.
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