Crisis y estancamiento del modelo

La tercera etapa de la historia del Uruguay en el siglo XX (1959- 1985), estuvo caracterizada por la crisis y el estancamiento económico y, en sus años finales (1973-1985), por la caída de las instituciones democríticas y la instalación de una dictadura militar, aparentemente insólita, observadas las características de la historia de la larga duración en el Uruguay, pero reveladora de la gravedad de la situación.

Las modificaciones de la economía mundial, en especial la formación del Mercado Común Europeo (1957) y la sustitución de la hegemonía británica por la estadounidense en América Latina, dejó a las producciones exportables uruguayas a la deriva. El país, por ejemplo, dependía financieramente de una nación (EEUU.) con una economía competitiva y no complementaria de la suya, mientras su tradicional mercado europeo se cerraba a sus carnes. El estancamiento de la ganadería y el fin del proceso de industrialización, completaron el panorama negativo que se tradujo en una disminución permanente del ingreso.

Los diversos sectores sociales, los sindicatos obreros y de empleados públicos, y las gremiales empresariales, lucharon entre sí por la distribución de una riqueza cada día menor en medio de una inflación que nada parecía detener.

Crisis

La dictadura cívico-militar uruguaya se extendió entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985. Fue un período durante el cual Uruguay fue regido por un gobierno cívico-militar no ceñido a la Constitución y surgido tras el Golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Dicho período estuvo marcado por la prohibición de los partidos políticos, la ilegalización de los sindicatos y medios de prensa, y la persecución, encarcelamiento y asesinato de opositores al régimen.

El presidente Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió las Cámaras de Senadores y Representantes y creó un Consejo de Estado con funciones legislativas, de control administrativo y con encargo de "proyectar una reforma constitucional que reafirme los principios republicanos-democráticos". También restringió la libertad de pensamiento y facultó a las Fuerzas Armadas y Policiales a asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos.